Este Real Decreto lista algunas de las normas estatales que todavía regulan al menos con carácter supletorio, algunas de las cuestiones que se refieren a las actividades turísticas y su ejercicio, y que han sido derogadas ya que deben ser las propias comunidades autónomas las que adapten las correspondientes normas de ordenación conformes a la Directiva 2006/123/CE.